Uncategorized

Mujeres solteras apure

Soy nidia arraiz , una mujer buscando un hombre entre 39 y 40 años en Honduras.

Estoy soltera BUSCO PAREJA ♥

Acerca de mí humilde realista sincera. Soy sweetgirl1 , una mujer buscando una pareja. Acerca de mí Conoceme. Soy evitaunika , una mujer buscando un hombre entre 35 y 40 años en CiudadSantiago, Region Metropolitana, Chile. Soy aidymar , una mujer buscando una mujer entre 19 y 21 años en Apure, Apure, Venezuela. Acerca de mí una persona super chevere.

Soy khristtin , una mujer buscando un hombre entre 24 y 34 años en Brasil. Acerca de mí divertida.. Soy aeuni , una mujer buscando un hombre entre 28 y 45 años en Venezuela. En abril del mismo año se legalizó el Partido Comunista de España. Todo ello permitió celebrar las elecciones generales de , las primeras elecciones libres en España desde febrero de Una de las tareas prioritarias de las Cortes fue la redacción de una constitución.

El anteproyecto se discutió en la Comisión y fue posteriormente debatido y aprobado por el Congreso de los Diputados el 21 de julio de A continuación, se procedió al examen del texto del Congreso por la Comisión Constitucional del Senado y el Pleno del mismo órgano. La discrepancia entre el texto aprobado por el Congreso y el aprobado por el Senado hizo necesaria la intervención de una Comisión Mixta Congreso-Senado, que elaboró un texto definitivo. En el Senado hubo síes, 8 abstenciones, 5 noes y 14 ausencias.

En la investidura del nuevo Presidente del Gobierno, un grupo de guardias civiles , a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero , dieron un intento fallido de golpe de Estado, conocido como F. La presidencia de Calvo Sotelo finalizó tras las elecciones generales de , que dieron una amplia victoria al PSOE. La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:. Por otro lado se incluyen los principios rectores de la política social y económica Título I. El sistema español conserva el diseño tripartito de división de poderes de Montesquieu , entre Poder ejecutivo , Poder legislativo y Poder judicial.

Los apartados correspondientes en la Constitución Española son los siguientes:. Es una constitución rígida , por cuanto que contiene un procedimiento específico para la reforma de sus preceptos. Por el contrario, las constituciones flexibles serían aquellas que pueden ser modificadas por el legislador ordinario, caso del sistema inglés. Por otro lado, se trata de una constitución derivada, puesto que atendiendo al Derecho comparado , no incluye innovaciones radicales, sino que se asienta sobre el constitucionalismo histórico español, y muy especialmente en las constituciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

El título preliminar establece los principios constitucionales que constituyen la base fundamental de la Constitución, siendo el sustrato ideológico-político sobre el que se asienta.

De interese

Dada su posición dentro de la Constitución, su modificación resulta especialmente agravada y equiparable a una auténtica mutación constitucional. Los dos primeros artículos de la Constitución española establecen los siguientes principios constitucionales sobre los que se basa el resto de la Constitución: Históricamente, el Estado de derecho suponía la sumisión del poder estatal a la norma jurídica como garantía de la libertad individual de los particulares.

El principio de legalidad penal, tributario y procesal aparece también explícitamente recogido en el ordenamiento jurídico. De esta manera, el artículo 9. Junto a esa redistribución económica, la Constitución plantea un estado intervencionista en la protección de determinados bienes como la vivienda, la salud, el trabajo o el acceso a la cultura. Así, por ejemplo, el artículo Pese a que el Estado social de la Constitución española tiene un antecedente histórico indirecto en la Constitución Española de , el antecedente directo se encuentra en el artículo 20 de la Ley Fundamental de Bonn.

La doctrina alemana concibió el Sozialstaat sobre la base de dos posiciones fundamentales: En primer lugar, el artículo 1.

Buscar chicas en San Fernando Apure

El propio artículo 23 reconoce la participación directa o por medio de representantes. Tanto en el derecho español como en el derecho comparado, la forma usual es la democracia representativa. Sin embargo, el ordenamiento español contempla también formas de participación semidirecta, como el referéndum o la iniciativa popular, e incluso formas de participación directa, como es el caso de los municipios en régimen de concejo abierto. La Constitución dedica su Título II a la Corona, incluyendo la regulación de sus funciones, la sucesión al trono, la regencia, la tutela del rey menor y la figura del refrendo.

Se configura así una monarquía con un poder mayoritariamente simbólico y que no concede al rey una capacidad efectiva de decisión. La Constitución de reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones en su artículo 2, relacionando el principio con la unidad de la nación española y la solidaridad entre las comunidades autónomas que la compongan.

Por otra parte, el principio de autonomía preside la configuración territorial del Estado, que acorde al artículo , se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas. La doctrina coincide en que se trata de una enumeración abierta, que permite la posible inclusión de nuevos derechos fundamentales que sean inherentes a la dignidad de la persona mediante la modificación constitucional, la interpretación jurisprudencial o la suscripción de acuerdos y tratados internacionales , como aparece en el artículo La naturaleza dualista de los derechos fundamentales ha sido reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El Capítulo I lleva por título "De los españoles y los extranjeros" arts. Respecto al disfrute de los derechos fundamentales por parte de extranjeros, la jurisprudencia constitucional ha interpretado el artículo Los derechos de participación contenidos en el artículo 23, en un principio, solo se atribuían a los españoles, situación incompatible con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y que hizo necesaria la reforma constitucional de 27 de agosto de , donde se añadió una excepción referente al derecho de sufragio activo y pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales.

En el Capítulo II, bajo el título de "Derechos y libertades", comienza con el principio de igualdad formal establecido en el artículo 14, que la jurisprudencia constitucional se ha encargado de precisar diferenciando entre la "igualdad ante la ley" y la "igualdad en la ley". La Sección II contiene los siguientes artículos:. La Constitución consagra el capítulo IV a establecer una serie de garantías de los derechos fundamentales.

El Adelantado de Segovia

Tales garantías no se agotan en el capítulo, sino que también se encuentran dispersos en otras partes del texto constitucional. La doctrina distingue tres tipos de garantías:. La reserva de Ley supone que el desarrollo normativo de determinadas materias no puede realizarse mediante reglamento. El Defensor del Pueblo es una institución consagrada por el artículo 54 de la Constitución.

Elegido por las Cortes Generales, se encarga de la defensa de los derechos fundamentales, supervisando la actuación administrativa y dando cuenta a las Cortes. Es competente para interponer recurso de amparo y recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales contenidos en la Sección I incluyendo los artículos 14 y Agotada la vía judicial ordinaria, se legitima a los particulares para acceder al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.


  • Buscar contactos de Chicas y Mujeres en San Fernando Apure.
  • chicas de color.
  • terra chat mas de 30.
  • billares en barcelona.

Ciertas garantías de los derechos fundamentales tienen también el rango de derecho fundamental. La figura del refrendo se recoge en el artículo 64, funcionando en un doble sentido. Solo existen dos actos regios de relevancia jurídico-política que no requieren de refrendo. En primer lugar, la libre disposición que el monarca tiene sobre la gestión de la Casa Real. El artículo 57 regula la sucesión al trono de España. Este artículo designa a Juan Carlos I de Borbón como el legítimo heredero de la dinastía histórica española y establece las normas sucesorias. La Constitución da prioridad al sexo sobre la edad en el acceso a la Corona, algo que contradice el espíritu constitucional de no discriminación por razón de sexo establecido en el artículo La regulación actual tiene su origen en la proclamación de Felipe de Borbón, de menor edad que sus dos hermanas, como príncipe heredero.

Tal proclamación se realizó en , mientras se desarrollaba el proceso constituyente, y se planteó como un hecho consumado que no convenía alterarse en la redacción final de la Constitución. En marzo de el Gobierno de Zapatero consultó al Consejo de Estado sobre una posible reforma de la Constitución que incluyera una revisión del orden sucesorio al trono para que primase la edad sobre el sexo. El Consejo de Estado se mostró partidario de dicha reforma, así como de la inclusión de un precepto que señalara el uso indistinto del término rey o reina.

Sin embargo, también destacó que habría que seguir el procedimiento agravado de reforma constitucional del artículo El artículo 59 regula la regencia para los casos en que el rey sea menor de edad o resulte inhabilitado.

Para poder ejercer la regencia es requisito ser mayor de edad y español. De lo contrario, se procede de la misma manera que para la minoría de edad del rey, hasta que alcance la mayoría de edad. En el caso de que no sea posible hallar una persona a quien corresponda la regencia por los procedimientos mencionados, las Cortes Generales se encargan de nombrar la regencia, que debe estar compuesta por una, tres o cinco personas. El artículo 60 establece como tutor a la persona que haya nombrado el difunto rey en su testamento, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento.

En su defecto, la tutela recae en el padre o la madre del rey menor, siempre que permanezcan viudos.

σχολη χορου πειραιας Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Si tampoco es posible, las Cortes Generales son las encargadas de nombrar tutor. En todo caso, se prohíbe la posibilidad de que una sola persona ostente el cargo de tutor y regente, salvo que se trate del padre, la madre o un ascendiente directo del rey. La potestad legislativa recae en las Cortes, así como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado , el control de la actuación del Gobierno y otras funciones, como el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional , el de vocales del Consejo General del Poder Judicial , el de consejeros del Tribunal de Cuentas y el del defensor del Pueblo.

También proveen sucesor a la Corona, regente o tutor cuando se agota la línea de sucesión al trono. El artículo 68 de la Constitución regula la composición del Congreso de los Diputados, que debe contar con entre y parlamentarios. El resto de escaños se distribuye siguiendo criterios poblacionales. El artículo 69 de la Constitución regula la composición del Senado. La elección de los senadores por sufragio difiere del utilizado para el Congreso de los Diputados.

Solteras Apure

El Título IV de la Constitución regula la figura del Gobierno, estableciendo aspectos esenciales sobre sus funciones artículo 97 , su composición artículo 98 , su formación y cese artículos 99, y y la eventual responsabilidad criminal de los miembros que lo componen artículo El parlamentarismo es la forma de Gobierno establecida por la Constitución: El artículo 97 de la Constitución afirma que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.

También ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. De esta manera, la Constitución atribuye al Gobierno una función política, una función ejecutiva y una función normativa. Cada una de ellas representa una faceta del Gobierno, si bien la estrecha interconexión que existe entre ellas dificulta su aparición aislada. La función normativa se divide a su vez en dos categorías. Doctrinalmente suele incluirse dentro de la función ejecutiva la facultad del Gobierno para dictar reglamentos de ejecución, si bien tal potestad puede también incluirse dentro de las facultades normativas.

Tal situación es fruto de los límites difusos que hay entre las tres funciones constitucionalmente atribuidas al Gobierno. La Constitución utiliza indistintamente los términos "Gobierno" y "Consejo de Ministros", de manera que podrían considerarse conceptos equivalentes. Hay que destacar que tal posición no ha tenido eco en los sucesivos textos legales, que se refieren a Gobierno y Consejo de Ministros como una misma institución.

El presidente del Gobierno es el encargado de dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los miembros del mismo. Ese vínculo de confianza se da entre el Congreso y el presidente, no entre el Congreso y el Gobierno, de manera que la eventual responsabilidad política recae directamente sobre él mediante la moción de censura y la cuestión de confianza. La Constitución solo menciona la figura del vicepresidente en su artículo 98, donde afirma que el Gobierno se compone, entre otros, de los vicepresidentes en su caso. La Constitución evita ocuparse con detalle de la figura del ministro.

Los ministros tienen una naturaleza doble. Por un lado, son miembros del Consejo de Ministros y participan en sus deliberaciones y toma de decisiones. La Constitución recoge el principio de continuidad gubernativa, tendente a evitar vacíos de poder entre el cese de un Gobierno y la formación del siguiente. De esta forma, correlaciona ambos procesos, de manera que la causa necesaria para la formación de un Gobierno se corresponde con el cese del anterior. El artículo 99 de la Constitución establece el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno de España.

El rey se entrevista con los representantes de los grupos políticos del Congreso de los Diputados y propone un candidato a la presidencia del Gobierno a través del presidente del Congreso de los Diputados. El candidato propuesto por el rey expone ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar. El Congreso de los Diputados puede otorgar su confianza al candidato por mayoría absoluta de votos afirmativos en primera votación o por mayoría simple 48 horas después.

Si el candidato obtiene la confianza, el rey lo nombra presidente del Gobierno. En caso contrario, se tramitan sucesivas propuestas. La Constitución recoge como causas del cese del Gobierno la celebración de elecciones generales —al acabar el mandato de cuatro años o por disolución anticipada—, la retirada de confianza del Congreso de los Diputados —mediante aprobación de una moción de censura o rechazo de una cuestión de confianza —, y la muerte o dimisión del presidente del Gobierno.

El texto constitucional delega en el legislador ordinario el desarrollo de cuatro aspectos capitales de la actividad administrativa:. La Constitución contempla el principio de objetividad, de eficacia, de jerarquía, de descentralización, de desconcentración, de coordinación, y de sometimiento a la ley y al derecho. Respecto al principio de eficacia, hay que señalar la voluntad constitucional de que la actividad administrativa consiga los resultados perseguidos al servicio de los intereses generales.

Sobre el principio de jerarquía se puede discernir una doble vertiente, normativa y administrativa. Por otra parte, el principio de descentralización institucional hace referencia a la cesión de titularidad de competencias realizada entre una Administración y un ente con personalidad jurídica propia creado por esa misma Administración. Este principio supone la aparición de la llamada Administración instrumental, dirigida a satisfacer con eficacia las prestaciones propias de un Estado intervencionista. La descentralización no es una mera delegación o encomienda de gestión , habida cuenta que la Administración que se desprende de la titularidad no fiscaliza el ejercicio que de la competencia haga el ente que la recibe.

En cuanto al principio de coordinación, se presenta en las relaciones entre los distintos departamentos ministeriales, tarea encargada al Ministerio de la Presidencia ; entre la Administración General y las administraciones autonómicas; y entre las propias administraciones autonómicas, que utilizan los convenios como instrumento de coordinación.

En otro sentido, hay que destacar que el principio de coordinación se opone al principio de jerarquía. Finalmente, respecto al principio de sometimiento a la ley y al derecho, es el reflejo administrativo del principio de vinculación contenido en el artículo 9. En el caso de la Administración, se produce una vinculación positiva, de manera que esta solo puede hacer lo que la ley le permita. La Constitución dedica su Título V artículos a a determinar y concretar las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Ese control parlamentario se explica por el vínculo de confianza que preside la relación entre ambos poderes, y puede adoptar dos formas: La Constitución habilita a las Cortes Generales a obtener información del Gobierno, solicitar la comparecencia de uno de sus miembros, constituir comisiones de investigación y formular preguntas e interpelaciones. Cabe destacar que ninguno de estos mecanismos pueden vincular jurídicamente las decisiones del Gobierno, algo que no impide un eventual condicionamiento por meros criterios de oportunidad política.

También se establece la potestad parlamentaria para recabar información de los órganos de las comunidades autónomas. La existencia del vínculo de confianza parlamentaria hacia el Gobierno se traduce en la responsabilidad política de este. El artículo señala que esa responsabilidad puede ser exigida exclusivamente por el Congreso de los Diputados, y no por el Senado, en consonancia con el bicameralismo atenuado en que se configura el Parlamento de España.